El valor agregado de esta capacidad es la contextualización sociocultural, que integra dinámicas locales y pluralismo jurídico; la inclusión y legitimidad, al fortalecer la confianza comunitaria en los mecanismos; el impacto en la justicia local, reduciendo la carga del sistema formal; y la innovación social, al combinar enfoques académicos, prácticos y tradicionales para resolver conflictos de manera sostenible.
