Aporta un valor significativo al conectar el conocimiento académico con las necesidades reales del entorno. Esta colaboración permite desarrollar soluciones prácticas y contextualizadas, fortaleciendo el impacto social de las investigaciones y garantizando su pertinencia. Además, fomenta la interdisciplinariedad al integrar saberes diversos, lo que enriquece la comprensión de las problemáticas abordadas. Al legitimar los procesos a través de la inclusión de múltiples actores, se genera confianza y se facilita la implementación de propuestas. Finalmente, los hallazgos pueden orientar políticas públicas más inclusivas y basadas en evidencia, consolidando al derecho como una herramienta para la transformación social.
