Ofrece un valor significativo al mejorar la seguridad alimentaria, fomentar la salud pública, y desarrollar programas comunitarios efectivos. Optimiza el uso de recursos, promueve el desarrollo económico y fortalece la resiliencia frente a crisis alimentarias. Facilita la innovación y la colaboración intersectorial, asegurando el cumplimiento de normativas y proporcionando una base sólida para la gestión alimentaria en diferentes contextos.
